Controlar el precio de alimentos, luz y vivienda, entre las «prioridades» para «avanzar en derechos» según CECU
-La federación ve «importante» mantener un Ministerio de Consumo «con capacidad y dotado de recursos» en la próxima legislatura
MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Los precios de la electricidad, alimentación y vivienda, así como la regulación del lavado verde y la inteligencia artificial son algunas de las «prioridades» para «avanzar» en derechos para los consumidores a lo largo de la próxima legislatura.
Así lo recoge el documento de propuestas presentado este lunes por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU que refleja las «diez prioridades» que, a su juicio, permitirán abordar las «principales preocupaciones y retos» de los consumidores durante los próximos cuatro años, en los que también ve «importante» mantener un Ministerio de Consumo «con capacidad y dotado de recursos», según precisó en un comunicado.
En su decálogo aboga por «potenciar» la transición energética «sin dejar a nadie atrás», con precios «asequibles y transparentes» gracias a las renovables y rehabilitación energética para reducir el consumo, así como por promover una producción y un consumo «sostenible», garantizando el derecho a la reparación y durabilidad de los productos, «erradicando» la obsolescencia y «defendiendo» a los usuarios frente al lavado verde.
En el ámbito de la alimentación, pide establecer un sistema «eficaz» de «transparencia y control» de la evolución de precios de la cadena alimentaria, «ampliando recursos económicos y técnicos» y en materia de vivienda urge a garantizar el acceso a una vivienda «digna» de alquiler a un precio «asequible» a partir del parque inmobiliario existente, «conteniendo» los precios para proporcionar «estabilidad residencial y económica de los arrendatarios».
Asimismo, llama a «asegurar una transición digital justa, segura e inclusiva» con el «foco» en «proteger» a los consumidores frente a la «manipulación, vigilancia comercial y explotación de sus datos personales».
En paralelo, insta a aprobar una Ley de Mínimo Vital de Agua para garantizar que todas las personas tengan un acceso de agua y la prohibición de realizar cortes de suministro en casos de «impagos justificados en situaciones de vulnerabilidad».
Junto a ello, reclama garantizar una «mayor presencia pública» en el sector financiero para «asegurar» el acceso y la prestación de los servicios mínimos «básicos» a toda la población, «garantizando el acceso al efectivo».
Además, emplaza a diseñar nuevas políticas de protección del derecho a la salud y a la seguridad de los consumidores para hacer frente a la comercialización de productos «inseguros» y a aprobar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela así como a fomentar la participación «activa y real» de las organizaciones de consumidores en el diseño y ejecución de las políticas de consumo y a «apostar» por el tren como método de transporte «sostenible y social, que vertebre el territorio».
A este respecto, con el fin de «llevar adelante una verdadera agenda de transformación, que proteja y avance en derechos para las personas consumidoras», el director de CECU, David Sánchez Carpio, juzgó «importante» el hecho de «mantener» un Ministerio de Consumo «con capacidad y dotado de recursos».
«Los principales retos en materia de seguridad, sostenibilidad, digitalización, protección social y descarbonización, tienen fuertes implicaciones para las personas consumidoras y necesitamos una voz fuerte en el próximo gobierno que las defienda», sentenció.
