Consumo cierra el jueves la consulta pública del proyecto de real decreto para fomentar la alimentación saludable en colegios

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Consumo cierra este próximo jueves, 12 de mayo, el plazo de consulta pública previa abierta en torno a su Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas de desarrollo de los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos.

La norma parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) con el objetivo de establecer criterios «mínimos» de calidad nutricional y de sostenibilidad que «orienten» la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en comedores escolares, desarrollando las previsiones contenidas en dichos artículos, según recoge el texto.

En el documento, el departamento de Alberto Garzón recuerda que, desde hace más de dos décadas, al igual que ocurre «en el resto de Europa», en España las cifras de la obesidad suponen «un serio problema de salud y un verdadero reto de salud pública» y subraya que, según datos de 2020, más de la mitad de la población adulta española presenta exceso de peso, un 16% de la cual padece obesidad y un 37,6%, sobrepeso.

A su juicio, el problema «es más grave en la población infantil», dado que un 17,3% de niños de seis a nueve años tiene obesidad; un 4,2% de los escolares, obesidad severa; y un 40,6%, exceso de peso, según datos de 2019.

Consumo insiste en que este hecho se asocia a «graves consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo, afecta a la calidad de vida de estos escolares y se relaciona con baja autoestima, con las consecuencias que esto genera de rechazo, fracaso escolar y exclusión». Además, precisa que, según la OMS, la obesidad en la infancia aumenta la probabilidad de obesidad en la edad adulta y se encuentra «fuertemente asociada» a sufrir en el futuro enfermedades cardiovasculares y diabetes.

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EL ENTORNO ESCOLAR, CLAVE

En paralelo, estima que también es necesario «tomar en consideración» la cantidad de tiempo que los niños pasan en la escuela, así como el hecho de que muchos escolares consumen al menos una comida principal diaria en dicho contexto. Por ello juzga «clave» el entorno escolar para «estimular patrones alimentarios saludables en todas las clases sociales y promover comportamientos que pueden mantenerse hasta la edad adulta».

Por esta razón, defiende que el comedor escolar constituye un servicio «que no se limita exclusivamente a proporcionar alimentos», sino que «atiende también a la educación para la salud y la higiene» y contribuye a «educar en valores» como la responsabilidad y la convivencia.

Junto a ello, ayuda a «disminuir las desigualdades socioeconómicas» al ofrecer a los escolares de familias «más vulnerables» la oportunidad de acceder a una «alimentación saludable, desde edades tempranas».

Asimismo, la norma también persigue «una mayor y mejor eficiencia» en la utilización de los fondos públicos así como «un mejor acceso» a la contratación pública por parte de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de economía social.

Con respecto a la necesidad y oportunidad de su aprobación, el gabinete de Garzón puntualiza que la Comisión Europea adoptó en el año 2020 la Estrategia ‘de la granja a la mesa’ «en pro de un sistema alimentario equitativo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» y que reconoce los vínculos existentes entre «personas sanas, sociedades sanas y un planeta sostenible».

«Propone una serie de medidas para mejorar la disponibilidad y promover dietas saludables y sostenibles en los servicios de restauración institucional, mediante el establecimiento de criterios mínimos obligatorios en la adquisición de alimentos y contribuyendo, así, al aprovisionamiento de alimentos sostenibles para las escuelas y otras instituciones públicas», resuelve Consumo.

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A su entender, además, la demanda de comedores escolares «sostenibles y saludables» es «una realidad emergente» y «conectada con la creciente preocupación» por las implicaciones del sistema alimentario en la salud, la economía y el medio ambiente. «Especialmente», sostiene, tras la firma en 2015 del Pacto de Milán, Pacto de Política Alimentaria Urbana que aspira a implantar un sistema «más equitativo, saludable y sostenible».