Los consumidores urgen a «desbloquear» la norma que regulará la publicidad de alimentos dirigida a menores

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Facua-Consumidores en Acción, la Alianza por una Alimentación Saludable y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) urgen al Gobierno de Pedro Sánchez a «desbloquear» el real decreto sobre regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil menor de 15 años, auspiciado por el Ministerio de Consumo.

Así lo reclamaron después de que fuentes del departamento de Alberto Garzón advirtieran esta semana al ala socialista del Ejecutivo de que, si el Ministerio de Agricultura no levanta su veto a dicha normativa antes del 31 de marzo, no habrá margen suficiente para poder aprobarla en lo que queda de legislatura, tal y como era su intención.

A este respecto, Facua recordó en un comunicado que ya en febrero criticó que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se «plegara» a los «intereses» de la industria alimentaria y «frenara» dicha norma e insistió en que su actitud «va en contra de las recomendaciones de la OMS, la Comisión Europea y el propio Gobierno», dado que, a su entender, «bloquea» una medida que aparece como «prioritaria» en su Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, presentado el año pasado.

«Y lo hace plegándose a las exigencias de la gran industria alimentaria, que, desde una absoluta irresponsabilidad, quiere seguir dirigiendo a los menores la publicidad de los productos responsables de los elevadísimos índices de obesidad infantil que se sufren en España», sentenció.

En este punto, lamentó que Planas haya manifestado públicamente que «prefiere» la «autorregulación» del sector en lugar de una regulación legal, al tiempo que defendió que esa autorregulación a través del Código PAOS «no ha servido» para «impedir» que los menores reciban «multitud» de mensajes publicitarios que les «invitan a consumir alimentos y bebidas no saludables».

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La organización señaló que el «argumento» de la autorregulación por parte de la industria alimentaria «no es más que una forma de impedir una regulación legal» que ponga «fin» a la publicidad que «fomenta» la «epidemia» de obesidad infantil, que, recordó, «se produce, además, en hogares con menos poder adquisitivo».

«Eludir la necesidad de una regulación de la publicidad supone ponerse del lado de las grandes empresas del sector y en contra de los consumidores más vulnerables», aseveró, para puntualizar que, con su «actitud», Planas «está defendiendo los intereses de un poderoso lobby por encima de otro mucho más débil, como son los productos de alimentos frescos, frutas y verduras».

CARTA AL DEFENSOR

En la misma línea, la Alianza por una Alimentación Saludable ha pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que «interceda» ante el veto del Ministerio de Agricultura y lo ha hecho a través de una carta en la que denuncia la «inacción» del Ejecutivo de Pedro Sánchez y se muestra convencida de que no aprobar el real decreto supone «renunciar» a una de las herramientas «más eficaces para proteger la salud de la infancia».

Por este motivo, envió dicha misiva al Defensor del Pueblo con el fin de reunirse con él y «pedirle su intervención y asistencia» para «frenar el atentado y la desprotección de los derechos de la infancia en esta materia».

A su entender, regular esta publicidad «es un deber» del Gobierno, que, según su criterio, «debe anteponer los derechos de la infancia a los intereses de la industria alimentaria», máxime cuando, según el informe Aladino 2019, un 40,6% de la población infantil en España «padece» exceso de peso y la diabetes infantil y los trastornos alimentarios «se están disparando en nuestro país».

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Tras denunciar que la industria alimentaria y de la publicidad «están vulnerando sistemáticamente diversos derechos de la infancia», subrayó que cuatro de cada cinco anuncios alimentarios dirigidos al público infantil «son insanos», lo que, según sus cálculos, se traduce en que un niño de España «recibe de media más de 1.000 impactos publicitarios al mes de alimentos de este tipo por televisión e Internet».

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha dirigido en las últimas semanas al gabinete de Alberto Garzón para que, «cuanto antes», apruebe este proyecto que, a su juicio, «de forma preocupante» ha «desaparecido» del plan anual normativo del Gobierno para 2023.

NOVEDADES DE LA NORMA

Entre sus «novedades más importantes» mencionó la utilización de los perfiles nutricionales que establece la OMS para la regulación de la publicidad, además de la limitación de la publicidad de alimentos «no saludables», con «alto» contenido en grasas, grasas saturadas, azúcar, sodio o edulcorantes y la prohibición del uso de madres, padres, educadores, personajes famosos, reales o de ficción, e ‘influencers’ en la promoción de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil.

En este sentido, la asociación censuró las «presiones» que, según su punto de vista, han ejercido «diferentes sectores» y que han «entorpecido» la tramitación de la norma «defendiendo los intereses de la industria alimentaria frente a la protección de la salud de consumidores vulnerables».

Además, coincidió con el resto de asociaciones y con el propio departamento de Alberto Garzón en que, en sus más de 15 años de aplicación, el modelo de autorregulación del sector «no ha conseguido reducir la tasa de obesidad infantil», que, según su parecer, «no ha parado de crecer en los últimos años».