Consumo abre a consulta pública su proyecto de real decreto para fomentar una alimentación saludable y sostenible en colegios
MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Consumo abrió este jueves a consulta pública previa su Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas de desarrollo de los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, que recibirá aportaciones hasta el 12 de mayo.
El objetivo de la norma, que parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), es establecer criterios «mínimos» de calidad nutricional y de sostenibilidad que «orienten» la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en comedores escolares, desarrollando las previsiones contenidas en los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, según recoge el texto.
Tras recordar que, desde hace más de dos décadas, al igual que ocurre «en el resto de Europa», en España las cifras de la obesidad suponen «un serio problema de salud y un verdadero reto de salud pública», el departamento de Alberto Garzón subraya que, según datos de 2020, más de la mitad de la población adulta española presenta exceso de peso, de la cual un 16% padece obesidad y un 37,6%, sobrepeso.
Según su punto de vista, el problema «es más grave en la población infantil», dado que un 17,3% de niños de seis a nueve años tiene obesidad; un 4,2% de los escolares, obesidad severa y un 40,6%, exceso de peso, según datos de 2019. Además, insiste en que esto se asocia a «graves consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo, afecta a la calidad de vida de estos escolares y se relaciona con baja autoestima, con las consecuencias que esto genera de rechazo, fracaso escolar y exclusión».
Además, precisa que, según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad en la infancia aumenta la probabilidad de obesidad en la edad adulta y se encuentra «fuertemente asociada» a sufrir en el futuro enfermedades cardiovasculares y diabetes.
ENTORNO ESCOLAR, CLAVE
A su juicio, también es necesario «tomar en consideración» la cantidad de tiempo que los niños pasan en la escuela, así como el hecho de que muchos escolares consumen al menos una comida principal diaria en ella, generalmente la comida del mediodía. Por ello juzga «clave» el entorno escolar para «estimular patrones alimentarios saludables en todas las clases sociales y promover comportamientos que pueden mantenerse hasta la edad adulta».
En este sentido, el texto asevera que el comedor escolar constituye un servicio «que no se limita exclusivamente a proporcionar alimentos», sino que «atiende también a la educación para la salud y la higiene» y contribuye a «educar en valores» como la responsabilidad y la convivencia.
Junto a ello, ayuda a «disminuir las desigualdades socioeconómicas» al ofrecer a los escolares de familias «más vulnerables» la oportunidad de acceder a una «alimentación saludable, desde edades tempranas».
En paralelo, la norma también persigue «una mayor y mejor eficiencia» en la utilización de los fondos públicos así como «un mejor acceso» a la contratación pública por parte de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de economía social.
En relación a la necesidad y oportunidad de su aprobación, el gabinete de Garzón puntualiza que la Comisión Europea adoptó en el año 2020 la Estrategia ‘de la granja a la mesa’ «en pro de un sistema alimentario equitativo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» y que reconoce los vínculos existentes entre «personas sanas, sociedades sanas y un planeta sostenible».
«Propone una serie de medidas para mejorar la disponibilidad y promover dietas saludables y sostenibles en los servicios de restauración institucional, mediante el establecimiento de criterios mínimos obligatorios en la adquisición de alimentos y contribuyendo, así, al aprovisionamiento de alimentos sostenibles para las escuelas y otras instituciones públicas», sentenció Consumo.
A su entender, además, la demanda de comedores escolares «sostenibles y saludables» es «una realidad emergente» y «conectada» con la «creciente preocupación» por las implicaciones del sistema alimentario en la salud, la economía y el medio ambiente, «especialmente» tras la firma en 2015 del Pacto de Milán, Pacto de Política Alimentaria Urbana que aspira a implantar un sistema «más equitativo, saludable y sostenible».
